Justificación

México se encuentra en una disyuntiva histórica. En los últimos años hemos presenciado que el proceso de apertura económica gestado en la década de 1980 generó consecuencias devastadoras en las zonas rurales mexicanas. Que aunado a la carencia de políticas públicas enfocadas a desarrollar regional y localmente a estas comunidades, provocó que las personas más vulnerables a esta transformación carecieran de oportunidades para hacerle frente. La apuesta por la apertura económica carece de sentido cuando no está acompañada de la capacitación estratégica que la población necesita para verse beneficiada en el proceso.

Con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia comenzaron a realizarse una serie de reformas económicas bajo la premisa de romper con el proteccionismo tradicional del Estado: la apuesta se hizo hacia el exterior. Con la llegada de Carlos Salinas el proceso fue más evidente. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su posterior entrada en vigor en 1994, marcó la pauta para que a doce años de distancia seamos testigos de las contradictorias y cotidianas condiciones de nuestra población. El TLCAN, firmado entre dos países desarrollados y uno subdesarrollado provocó una estabilidad macroeconómica sin precedentes y a la vez un rezago macroeconómico terrible. Posteriormente, los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se preocuparon por generar una serie de tratados de libre comercio para posicionar a nuestro país como uno de los que mayor cantidad de tratados ha firmado en esta materia. Mismos que no han sido del todo aprovechados por los mexicanos.

De tal forma que ante un fenómeno mundial, que busca globalizar bajo premisas económicamente hostiles, las micro, pequeñas y medianas empresas han perdido espacios dentro del mercado nacional ―a pesar de que emplean a más del 60% de la PEA. Mismos que han sido ocupados por las grandes empresas, nacionales y extranjeras, que tienen la capacidad para competir en nuestro país. Cuando en un país, poco más de 50 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y cada año emigran hacia Estados Unidos poco más de medio millón, significa que por lo menos algún componente del modelo no está funcionando adecuadamente. Más aún, que el modelo carece de un componente esencial para que los mexicanos vivan bajo las condiciones mínimas a las que todo ser humano tiene derecho por naturaleza.